El Mundo

La Administración Contra las Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, permitió que uno de los distribuidores de medicamentos al mayoreo más grande del país siguiera distribuyendo medicamentos contra el dolor altamente adictivos durante casi cuatro años después que un juez recomendó que le quitaran la licencia por su “despreocupación” por miles de órdenes sospechosas que fomentaron la crisis de opioides.

La DEA no respondió a las repetidas peticiones que le hizo The Associated Press acerca del manejo el caso en contra de Morris & Dickson Company o la participación de una asesora de alto perfil que la empresa contrató para evitar el castigo y quien actualmente es sub-administradora de alto rango de la DEA, Anne Milgram.

Aunque ese retraso ha generado preocupación acerca de que la puerta giratoria entre el gobierno y la industria puedan impactar la misión de la DEA de vigilar a las empresas de medicamentos a las que se culpa de decenas de miles de muertes de estadounidenses por sobredosis.

“Si la DEA hubiera emitido una orden a tiempo, uno podría creer razonablemente que su segunda al mando no estuvo involucrada a pesar de tener un obvio conflicto de interés”, comentó Craig Holman, experto en Ética del grupo Ciudadanos Públicos de Washington.

“El hecho de que su acción se haya retrasado cuatro años genera focos rojos y coloca todo el proceso bajo una grave sospecha”.